La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos por fraude a la administración pública con el Plan Qunita contra el ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán.

Los procesamientos contra los ex funcionarios fueron sin prisión preventiva y se complementaron con la ratificación de los embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.

De esta forma, el tribunal de alzada ratificó lo resuelto por el juez federal Claudio Bonadio en la causa que investiga irregularidades en la millonaria licitación del plan Qunita, de reparto de kits maternales a embarazadas.

La investigación ratifica como irregularidad que el proceso de licitación abierto por el gobierno anterior para proveer kits a embarazadas beneficiarias de planes sociales, ya tenía "acordados" sus adjudicatarios con antelación.

Además, los "seis ganadores prefijados no tenían experiencia en los rubros licitados", con el agravante de que facturaron al Estado precios "elevados y abusivos" aprovechando sus nexos con funcionarios del gobierno.

Junto a Fernández y Golán también fueron procesados penalmente por fraude otros 21 ex funcionarios, entre los que figuran Nicolás Kreplak, ex secretario de Salud Comunitaria, el funcionario que requirió la compra y pidió modificaciones al pliego y los colaboradores ejecutivos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia que hicieron los convenios y licitaciones.

Sobre todos ellos pesa el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario".

En cambio, la Cámara revocó por falta de mérito los procesamientos del gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud, Juan Manzur, y también de otros cuatro proveedores del Estado; para el primer caso se tuvo en cuenta que ya no era funcionario cuando se ejecutó el plan Qunita donde se hizo el millonario fraude al estado.