El presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, presentó un proyecto para crear un "Protocolo de actuación en manifestaciones públicas" en la Ciudad. "La iniciativa no apunta a cercenar el derecho constitucional de las personas a manifestarse, lo que busca es conciliarlo con el derecho del resto, a transitar libremente" afirmó.

 

Al respecto, el presidente del Cuerpo expresó: "No buscamos de ninguna manera caer en la represión, sino que queremos lograr un control del tránsito volviendo previsible una marcha para que de esta manera la gente que tiene que circular, no padezca estos problemas o, por lo menos, que sea previsible".

La medida apunta a garantizar y asegurar el orden público, la armonía social, la seguridad jurídica y el bienestar general. Debido a ello, "ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos, debe lograr su inmediato restablecimiento a los fines de garantizar la libertad de todos", señala el proyecto en sus fundamentos.

En consonancia con el protocolo que en este sentido impulsó a nivel nacional la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el Deliberativo Local busca dar pautas claras sobre el accionar del personal afectado a la seguridad, para garantizar los derechos de la ciudadanía en general.

La normativa, que será debatida por los ediles, establece que quienes deseen manifestarse deberán comunicárselo a la Secretaría de Seguridad del Municipio, para que la protesta se encauce dentro del marco de las leyes vigentes.

Así, los manifestantes deberán indicar su recorrido, tiempo de duración y realización. "Los piquetes no podrán ser más intempestivos, ni tampoco de una permanencia con acampe", dijo Ponce.

La iniciativa señala también que podrán utilizarse medios de protección física pasiva (vallas), para preservar la integridad física de la ciudadanía en general, personal de seguridad afectado y manifestantes.

Asimismo, se aclara que el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa.

En otro de sus artículos, el proyecto indica que los manifestantes tampoco podrán portar elementos que inciten a la violencia como elementos contundentes y/o armas de cualquier tipo, o utilicen fuego, combustibles, elementos explosivos o inflamables, agentes químicos, pirotecnia, o cualquier otro artículo que pudiera dañar la integridad de las personas y del personal interviniente.

Además, se establece que se promoverá la acción civil contra el causante del daño, la entidad con personería jurídica o gremial a la que pertenezca, contra sus representantes legales o administradores, con el objetivo de que se repongan los bienes dañados.

La iniciativa también instituye que se podrá proceder a la filmación y fotografía de los operativos, para el caso de ser requeridas posteriormente por la justicia, con el fin de facilitar la evaluación del desempeño del personal.

Por último, Ponce destacó que "la idea de este protocolo es que se respeten los derechos de todos: tanto de quienes quieren manifestarse, como el de los vecinos a circular libremente por la Ciudad".

"El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro", concluyó Ponce.