Luego de la actividad, realizada en la sede de la cartera de Seguridad, Alak explicó que "se intensificarán y ampliarán las acciones conjuntas de formación y capacitación destinadas a los miembros de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad con competencia federal y local".

El ministro consideró que "la trata de personas es sinónimo de esclavitud y una de las manifestaciones más aberrantes de la delincuencia organizada transnacional".

En ese sentido, destacó que el trabajo interministerial que se lleva adelante en este terreno y el constante perfeccionamiento de esta política "ratifica la firme voluntad del Estado de encarar el problema con todas los instrumentos disponibles".

Por su parte, Garré explicó que "las organizaciones delictivas que se dedican a la trata de personas presentan características complejas que requieren una respuesta multiagencial".

"Por eso, desde la creación del ministerio de Seguridad estamos trabajando estrechamente con el ministerio de Justicia a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas y con la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas", agregó.

El convenio también contempla acciones que potenciarán las campañas de información y sensibilización, con especial atención a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad; y para intercambiar datos y experiencias que permitan aumentar la eficacia de los sistemas de información.

La cartera de Justicia indicó que, en ese sentido, el Gobierno desarrolla una intensa lucha contra el delito de trata y aplica políticas activas de asistencia a las víctimas a través de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

El convenio suscripto complementa otro similar para prevenir y combatir la trata con fines de explotación sexual, firmado la semana pasada con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, durante un acto del que participaron el ministro Alak; la secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño y los jueces del alto tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay.

AN