Los gremios y el gobierno tienen pendientes una serie de acuerdos paritarios que ya fueron trabajados en las Comisiones de Estabilidad Docente y Condiciones Laborales sobre temas como estabilidad, puntaje suplementario para concursos y continuidad docente. La Dirección General de Cultura y Educación todavía no realizó la convocatoria oficial, pero será en breve. Tras la firma, el Frente Gremial planteará su posición.

A fines de febrero, el gobierno acordó con el sector docente un aumento del 24% al básico que llevó el sueldo inicial a 2.400 pesos, en dos cuotas. Pero la mejora ya fue erosionada por el incremento del costo de vida en estos cinco meses. No obstante, el miércoles pasado, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, dijo que "no están dadas las condiciones para reabrir" la discusión y otorgar un segundo aumento.

Las declaraciones generaron bronca en los gremios. La titular de la FEB, Mirta Petrocini, reiteró ayer que "el momento en que deben reabrirse las paritarias lo definen los trabajadores". Y recordó, en diálogo con este diario, que "no hace falta ninguna estadística ni medición para darse cuenta que la inflación ya absorbió el aumento".

La dirigente docente también insistió con dos demandas del sector: la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y la eliminación de los topes en las asignaciones familiares. Tras el incremento de marzo, muchos docentes dejaron de cobrar la asignación familiar por superar el tope salarial establecido y muchos otros comenzaron a sufrir descuentos por el gravamen nacional.

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, coincidió con Petrocini en que "las paritarias tienen que reabrirse" y adelantó que "si no hay respuestas vamos a accionar en el marco del Frente Gremial y no descartamos comenzar con paros o realizar alguna presentación ante la justicia".

Premio

Los docentes de la FEB consiguieron el miércoles una medida cautelar para que el premio jubilatorio a los docentes retirados entre 2002 y 2005 se pague a valores actuales y no históricos, como fijó el decreto 683 del Ejecutivo provincial. Sin embargo, ayer el Instituto de Previsión Social (IPS) -que es quien efectiviza el pago del beneficio- todavía no había sido notificado. De todos modos, desde el gobierno advirtieron que apelarán la medida dictada por el juez en lo Contencioso y Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias.