Mientras el kirchnerismo trata de suturar la herida política de haber bajado al ministro del Interior, Florencio Randazzo, de la carrera presidencial, para comenzar a trabajar por la lista "de unidad", el entorno del gobierno recibió una alerta del poder judicial que encendió luces amarillas. La investigación de la denominada "ruta del dinero K" tuvo un movimiento que afecta el riñón del entorno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria por el delito de lavado de dinero al principal empresario contratista de obra pública del sur, Lázaro Báez a su hijo Martín Báez.

El pedido afecta también  a los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar. El primero está detenido en el penal de Ezeiza y declaró ser quien traía del sur bolsas de dinero en efectivo de Báez y de la familia Kirchner a la financiera SGI, propiedad del segundo, que la enviaba a cuentas de empresas fantasmas en paraísos fiscales. También el pedido de indagatoria alcanza al empresario Fabián Rossi, esposo de la artista Ileana Calabró.

La presentación del fiscal Marijuán tiene una extensión de 200 fojas, en las cuales se consigna que está "probado" que tanto Fariña como Elaskar se contactaron espontáneamente con el equipo de Periodismo para Todos, programa que conduce Jorge Lanata, y contaron con lujo de detalles la operatoria de envío de dinero hacia el exterior por parte de Báez, que poco después periodistas corroboraron con averiguaciones en Panamá y otros paraísos fiscales donde se acreditaron los envíos de dinero a empresas fantasmas.

De acuerdo a la investigación de la denominada "Ruta del dinero K", después de la muerte de Néstor Kirchner Báez comenzó a girar sumas millonarias de dinero que compartiría con la familia presidencial y había que ubicar en el exterior, para que al momento de la sucesión no aparecieran.

Así se reveló que sólo en el primer semestre de 2011 se habrían enviado al exterior 55 millones de dólares. El dinero en efectivo se llevaba en aviones privados a Uruguay desde donde se hacían las transferencias que llegaban a Suiza a través de sociedades panameñas que tenían como titular prestador de firma a Rossi. El programa televisivo mostró documentación de la sociedad panameña, radicada en Belice denominada Teegan Inc. propiedad de uno de los hijos de Báez. El dinero había ido a parar a cuentas en los bancos suizos Lombard Odier y Safra.

Para Marijuán el empresario, principal beneficiario de la obra pública patagónica durante el kirchnerismo, manejaba millones de dólares en efectivo que tuvieron que ser blanqueados y se buscó una financiera no registrada en la bolsa, SGI, conocida como La Rosadita, por su cercanía con el gobierno, para hacer triangulaciones en cuentas en exterior, desde donde después se lo enviaba a cuentas argentinas, con lo cual se blanqueaba dinero de la corrupción o de otros delitos.

En el pedido de indagatorias hecho por Marijuán se citan varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que muestran actividades de los imputados en la causa y se piden varias indagatorias por otros hechos relacionados con el que dio origen al expediente a cargo de Casanello.

Por ejemplo, la causa revela, como hecho sospechoso, el regreso al país de unos 200 millones de pesos que desde Suiza, a través de la compra y venta de bonos. El dinero terminó en una cuenta de la empresa Austral Construcciones propiedad de Báez.

Por este último hecho, en 2013 el fiscal José María Campagnoli, quien investigaba una supuesta extorsión de Báez a Elaska para quedarse con SGI a través de Pérez Gadín, comprobó que desde Suiza habían llegado al país, a través de la compra y venta de bonos unos 65 millones de dólares que terminaron en cuentas de Báez. Para el fiscal, esto era la culminación de la maniobra de lavado de 55 millones de dólares que Fariña y Elaskar habían relatado en el programa "Periodismo para todos", que a casi dos años de conocerse redunda en un pedido de indagatoria por la presunción de lavado de dinero a gran escala.