Esta semana pasada el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, que juzga a seis policías y un militar por los crímenes de lesa humanidad cometidos en cuatro centros clandestinos de detención de esa localidad, le tomó declaración a los últimos testigos.

El excomisario Benito Almada fue uno de los últimos testigos del juicio -en el que declaró más de un centenar de personas-, y puso sobre la mesa la complicidad civil con la dictadura en tierras del noroeste bonaerense. El policía fue citado luego de que una víctima, Alberto Silva, le indicara al tribunal que el oficial retirado le había brindado información sobre Adrián Romié y Gilberto Mesa, quienes junto a Hugo Torreta son las tres víctimas del expediente que permanecen desaparecidos.

Otros testigos también involucraron a más civiles. En febrero, el TOF que preside Carlos Rozanski e integran Pablo Vega y César Álvarez retomará el proceso para escuchar los alegatos y dictar sentencia. La entidad pidió en un comunicado "que se investigue" esa denuncia.Almada recordó ante los jueces que el chofer de la fiscalía general de Junín, José Luis Camarro, "se ufanaba de haber participado en la detención de subversivos". Y apuntó que ese agente judicial le dijo que luego de detener a Romié en la calle, por radio les ordenaron dirigirse al Punto 1, "que era el terreno de la Sociedad Rural de Junín, camino al balneario". Ahí ingresan, donde había otras personas armadas esperando y dejaron al detenido.

"Luego de haber pasado por el predio de la Sociedad Rural de Junín volvió al regimiento, de donde lo asignan al operativo de detención del actor Mesa, junto con un oficial de la Unidad Regional de apellido Carnevale; además me contó que los otros integrantes de la patota eran un oficial de Chivilcoy, Beatrice; un oficial militar Obreña, y Roberto Leone, de Junín", aseguró el policía juninense que en esa época trabajaba en la localidad de Lima.Por esa declaración, el fiscal federal Hernán Schapiro le pidió al Tribunal enviar a la Fiscalía Federal de Junín, a cargo de Eduardo Varas, las declaraciones de los testigos que nombraron a personas que no estaban entre los imputados, entre ellos Camarro y el comerciante Luciano Guazzaroni, a quien el periodista Horacio Verbitsky lo señaló en su libro "Ezeiza" como integrante de la Liga Nacional Socialista de Junín y lo ubica en la derecha peronista que organizó el ataque durante la vuelta de Perón.

En tanto, la Sociedad Rural de Junín, a través de un comunicado, exigió la pronta investigación de la denuncia que la involucra. "La investigación de estos supuestos hechos, ya que nos urge y nos compromete la verdad", expresó la entidad a través de un comunicado.

En el escrito enviado a los medios locales, la SRA de Junín pidió que se despeje la duda sobre "si en ese lugar se realizaban detenciones y torturas" y solicitaron "un pronto accionar de la justicia", por lo que se pusieron "a disposición" para "llevar luz en un tema que nos involucra a todos como comunidad".