Siguen los mensajes intimidatorios y mafiosos contra el fiscal Carlos Paolini, a cargo de la causa contra funcionarios de la municipalidad de La Plata por pedir 216.000 dólares de coima a un empresario para autorizarle la rezonificación de hectáreas que puedan ser loteadas para adjudicatarios del plan Pro.Cre.Ar. Los carteles escrachando al funcionario judicial con imputaciones falsas sobre su rol en la dictadura, que la semana se pusieron en su casa y acceso a la oficina, se extendieron ahora a las cercanías del colegio donde asiste el hijo de Paolini.

El hecho es repudiable porque significa un hostigamiento a la familia del fiscal y su entorno más cercano, su hijo y comunidad educativa que comparte, con acusaciones de una supuesta participación en la dictadura, que son consideradas "un falsedad total", según allegados a Paolini, que atribuyen este accionar mafioso de operadores de la gestión comunal a presiones para que deje de investigar a funcionarios del intendente Pablo Bruera.

Lo más curioso es que el escrache intimidatorio al juez se sostiene sobre una imputación falaz sobre su rol durante el proceso militar. Es que los carteles acusan a Paolini de "encubridor de represores durante la dictadura", cuando durante esta funesta etapa del país el instructor judicial estaba cursando la escuela primaria.

Es decir, que cronológicamente Paolini queda eximido de toda sospecha de connivencia con la dictadura. Los que no quedan eximidos de la ignorancia son los operadores municipales que alentaron este escrache sin tener en  cuenta siquiera la edad del fiscal.

Por esto, los pasacalles colocados en las últimas horas en la esquina de calle 46 a la altura de avenida 13 y calle 14, y en 13 y 47, en los alrededores del colegio Centenario que funciona en 46 entre 14 y 15, adolecen del mismo problema de sus antecesores; son hechos intimidatorios con imputaciones falsas, para hostigar al fiscal y su familia, con imputaciones falsas tendientes a desviar la atención de la investigación.

Los escraches comenzaron poco después de que el fiscal allanó la semana pasada oficinas de catastro de la municipalidad, que funcionan en el piso 4 de la Torre Administrativa Gubernamental 2 de La Plata, en Plaza Moreno.

Allí se procedió a secuestrar documentación de trámites de urbanización y rezonificación aprobados por la municipalidad en los últimos meses. Se busca determinar si hay casos de aprobación de trámites irregulares, para deducir si hubo coimas para rezonificaciones de terrenos ubicados zonas rurales asignados como urbanos.

Cabe recordar que el fiscal Paolini, merced a grabaciones de escuchas telefónicas realizadas a funcionarios y otras investigaciones complementarias, dice tener probado que colaboradores del intente Pablo Bruera pidieron 216.000 dólares de coima al empresario Guillermo Andreau para autorizarle la rezonificación de hectáreas que pudieran ser loteadas para venderlas a adjudicatarios del plan Pro.Cre.Ar.

Los implicados en la investigación son Mariano Bruera, hermano del intendente; el secretario de Gestión Pública, Enrique Sette; el director general de Planeamiento y Obras Particulares, Gustavo Petró; el Secretario General, Jorge Campanaro; y el director de Planeamiento, Roberto Moreno.