Horas antes de que el juez de Nueva Yor, Thomas Griesa, reciba a la delegación de bancos encargados del pago de la deuda argentina y a los asesores de los fondos buitre beneficiados con fallos judiciales parar cobrar sin recortes, el gobierno argentino solicitó formalmente al magistrado que reponga el "stay" o amparo por un lapso perentorio que permita al país pagar al 93 por ciento de bonistas que están en el canje de deuda y después negociar una reestructuración con los primeros.

El pedido argentino fue realizado a través de un recurso del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGSH), firmado por los abogados Jonathan Balckman y Carmine Boccuzzi, fundado en el interés del estado argentino de dar cumplimiento a los acuerdos de pago preexistentes a los fallos judiciales que benefician a los buitre.

El planteo además es una "moción de clarificación" solicitada por Bank of New York Mellon (BONY) sobre qué hacer con los fondos girados por el país para pagar a los bonistas y la jusiticia norteamericana frenó para que antes se acuerde con los acreedores que no estaban en el pago. 

Se sabe que ya hay reclamos de los bonistas europeos y norteamericanos que no recibieron un centavo de los u$s539 millones del bono Discount aún freezados en la cuenta del BONY en el Banco Central argentino; por esto, el gobierno aprovechó esto para decir que actuaba en respuesta a esa demanda.

El escrito

La presentación del estudio CGSH dice: "Es imposible que la República avance con una resolución de su deuda de una manera justa, equitativa y sostenible con los acreedores que no participaron en las Ofertas de Canje 2005 y 2010, si no se le da garantías para proteger la reestructuración de deuda que obtuvo el 92,4% de sus acreedores". Esto se refiere a la denominada cláusula RUFO, que obliga al país a tener igualdad de trato con todos los acreedores, por lo cual si le paga más a los bonistas beneficiados para percibir el 100 por ciento de la deuda, debe reabrir todo el canje de 2005 a la fecha.

"Por lo tanto, en ausencia de un instrumento que le diera a la República certeza de que no tendrá que hacer frente a la carga financiera resultante de la activación de la cláusula RUFO, el stay sigue siendo necesario y adecuado para que la República proceda totalmente hacia la solución integral que todas las partes y el Tribunal desean", continúa el recurso.

El CGSH le recuerda al juez que "para la ley argentina, si los servidores públicos causan daño previsible a la propiedad del Estado, ya sea debido a su imprudencia o falta de cuidado, están sujetos a juicio político, así como la responsabilidad civil y penal". Por esto, "los funcionarios públicos claramente estarían expuestos a dicha responsabilidad si, a pesar de los riesgos de la activación de la cláusula RUFO antes mencionados, no toman acciones y terminan aumentando significativamente los pasivos de la República y colocan en peligro la reestructuración de deuda", concluye la presentación argentina a juez Griesa.