Una promesa trunca de relocalización
30-07-2025
Una promesa trunca de relocalizaci贸n
Las maniobras llevadas a cabo por el Banco Ciudad con los inquilinos de la "Manzana Franciscana" -quienes podr铆an ser desalojados en las pr贸ximas semanas- son la consecuencia del incumplimiento del Gobierno porte帽o de un convenio de relocalizaci贸n que data de 1991.
El inmueble, ubicado en el barrio de Monserrat, consta de 94 casas que se construyeron en 1880 y pasaron a manos del Banco Ciudad en 1983, dejando atr谩s la hist贸rica administraci贸n de los franciscanos.

En 1990 y hasta 1995, el predio fue reacondicionado a partir de un acuerdo celebrado entre el organismo financiero y la Municipalidad, junto con la Junta de Andaluc铆a y la Agencia Espa帽ola de Cooperaci贸n Internacional.

Pero para realizar el llamado "Programa de Rehabilitaci贸n Urbana del Inmueble Manzana de los Franciscanos", los habitantes de la Manzana firmaron un convenio en 1991 por el cual la Municipalidad se compromet铆a a otorgarles un alojamiento transitorio mientras durara la obra.

El documento adem谩s garantizaba la reubicaci贸n de las familias dentro del inmueble una vez finalizada la obra; la adjudicaci贸n de un plan de vivienda social; y al no inicio de acciones de desalojo hasta tanto no estuvieran construidas sus nuevas casas.

Sobre la base de este convenio, los habitantes firmaron, a t铆tulo personal, una serie de contratos de alquiler con el Banco Ciudad para permanecer por siete a帽os -entre 1993 y 2000- en la manzana, pero a pesar de que esas casas nunca se planificaron, desde 2001 persisten los intentos de desalojo.

Si la administraci贸n porte帽a hubiese cumplido con su parte del trato, la Manzana habr铆a sido protagonista del primer proyecto de revalorizaci贸n de un centro hist贸rico "que combinara el reciclado del patrimonio con la mejora de las condiciones de vida de su poblaci贸n original".

Fuentes del Ministerio P煤blico de la Defensa de la Naci贸n explicaron a T茅lam que "en la justicia civil trataron estos comodatos, que son un plan de alquiler social, como si fuera un contrato privado com煤n regido por la ley de alquileres".

"Usando esa norma dieron curso a juicios de desalojo, sin contemplar que se trataba de una pol铆tica de inclusi贸n social de estas familias", afirmaron.