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| Un grupo de familias podr铆a ser desalojada de una manzana hist贸rica | |||
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Durante la crisis de 2001, 68 de las 90 familias que residen en el inmueble, ubicado entre Moreno, Balcarce y Alsina, tuvieron dificultades para pagar los alquileres, raz贸n por la cual el Banco Ciudad, due帽o del inmueble desde 1983, les inici贸 demandas de desalojo, 60 de las cuales ya tienen sentencia definitiva
Carlos Montenegro, referente de los vecinos de la Manzana Franciscana, quien naci贸 y lleva 70 a帽os viviendo en Balcarce 217, afirm贸 que ni el banco ni el Gobierno de la Ciudad "se acercaron para ofrecer una alternativa de cancelaci贸n de deuda y renovaci贸n del contrato", ya que est谩n "muy firmes" en desalojarlos.
En di谩logo con T茅lam, sostuvo que "no los quieren" ya que no les pueden cobrar "un alquiler a precio de mercado" y denunci贸 que quienes tienen el pago al d铆a "corren el mismo riesgo" de desalojo ya que no se firman contratos "desde el a帽o 2000", por lo que "el propietario puede exigirles la devoluci贸n del inmueble".
Emilia Uriona, otra de las vecinas de la Manzana, explic贸 que desde hace 12 a帽os viven en "una incertidumbre que es muy fea" ya que no saben "cu谩ndo van a volver para intentar sacarnos".
Un primer intento de desalojo masivo fue realizado en junio de 2010, pero la expulsi贸n de 25 familias fue frenada con un recurso de amparo de 煤ltimo minuto Otra de las vecinas damnificadas, Ana Clara Elena, critic贸 que est谩n "m谩s complicados desde que se encuentra Macri en el gobierno de la Ciudad", porque "no est谩 la posibilidad de un arreglo para permanecer en el espacio".
Un primer intento de desalojo masivo fue realizado en junio de 2010, pero la expulsi贸n de 25 familias fue frenada con un recurso de amparo de 煤ltimo minuto.
El 12 de junio de este a帽o casi son sacados por la fuerza los primeros dos de una tanda de nueve grupos familiares, pero la tentativa no prosper贸 ya que una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori orden贸 al gobierno porte帽o que "se abstenga de ejecutar cualquier acto tendiente a efectivizar la recuperaci贸n" de uno de esos inmuebles.
La jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad dispuso adem谩s la realizaci贸n de una audiencia especial, que se realizar谩 este jueves, para "arbitrar las medidas a fin de evitar la inminente situaci贸n de calle" en la que quedar铆an los inquilinos, y "resguardar los derechos humanitarios en juego".
Los vecinos presentaron amparos contra la Ciudad patrocinados por la Defensor铆a General de la Ciudad, mientras que ante los juzgados donde se sustanciaron los juicios por desalojo, son representados por el Ministerio P煤blico de la Defensa de la Naci贸n.
En la resoluci贸n del Ministerio, mediante la cual se acept贸 llevar adelante la "defensa t茅cnica" de los inquilinos, la defensora general Stella Maris Mart铆nez sostuvo que es "un caso que encierra un conflicto colectivo, a pesar de que el actor se ha manejado con demandas individuales para cada unidad funcional".
Los inquilinos cuentan, adem谩s, con un convenio con el Gobierno de la Ciudad en 1991, mediante el cual el municipio se compromet铆a a otorgarles un alojamiento transitorio durante las obras de reacondicionamiento del imueble, que se realiz贸 entre 1990 y 1995.
El documento adem谩s garantizaba la reubicaci贸n de las familias dentro del inmueble una vez finalizada la obra; la adjudicaci贸n de un plan de vivienda social; y al no inicio de acciones de desalojo hasta tanto no estuvieran construidas sus nuevas casas.
A pesar de que las viviendas ni siquiera se planificaron, a fines de 2001 el Banco inici贸 los juicios; y en 2013 comenz贸 a solicitar nuevamente el desalojo de algunas de las familias, por lo cual algunos juzgados ya iniciaron constataciones como paso previo a la orden de desalojo.
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