"Cada vez más tenemos que estar en sintonía con la sociedad, con lo que está pidiendo la gente. No se trata de mirar hacia adentro a ver a quién le gusta y a quién no", señaló Scioli, quien defendió la decisión que tomó aunque reconoció que "uno no le puede caer bien a todo el mundo".

En declaraciones a la radio La Red, el gobernador afirmó que no toma las decisiones pensando "si le va a caer bien a uno o a otro o qué van a decir" sino que apunta a "entender el miedo de los más humildes, de la gente que va a trabajar todos los días, la preocupación de nuestra clase media".

"Si no nos une la defensa de la vida, ¿qué nos va a unir a los argentinos?", remarcó Scioli, quien aseguró que cuando toma una decisión no lo hace "en forma intempestiva sino reflexiva, no cediendo a ninguna presión o demagogia".

Scioli consideró que se debe "lograr que el delincuente tenga miedo, no la gente" al tiempo que invitó "a otros gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad a que se sumen" a las iniciativas que planteó.

El mandatario provincial aseguró que su intención con la declaración de la emergencia es que haya una "gran percepción de presencia policial" sumando más efectivos al patrullaje de las calles.

Además, dijo que tomó medidas "de acuerdo a todas las facultades constitucionales" que tiene como una forma de "acceso a más logística, más inversiones que necesita la prevención" del delito.

"No estoy ni para detenerme frente a una adversidad y para comentar realidades obvias", enfatizó Scioli, quien también se refirió a la necesidad de un "abordaje integral" que vincule "el deporte, la cultura, la educación y la inversión en el espacio público" a las políticas de seguridad.

El sábado pasado, el gobernador bonaerense decretó la emergencia en seguridad pública por los próximos doce meses en todo el territorio provincial y anunció un paquete de medidas para "acorralar el delito", que incluye un proyecto para limitar las excarcelaciones y la convocatoria a personal retirado de las fuerzas de seguridad para tareas de prevención.

La declaración incluye una batería de medidas, entre ellas la inversión de 600 millones de pesos -provenientes de las utilidades del Banco Provincia- en equipamiento para las fuerzas de seguridad, además de la "convocatoria inmediata y obligatoria" de cinco mil hombres del personal retirado de la Policía y del Servicio Penitenciario, y la creación de ocho alcaldías con capacidad para unos mil detenidos y cuatro, según consignó ambito.com.