A la consigna Memoria, Verdad y Justicia hemos sumado el cuarto pilar: Inclusión Social. Entendemos que esta idea rectora sintetiza nuestra pertenencia histórica, y que también perfila nuestro compromiso en el presente para construir futuro.

 

Se trata de recuperar la mejor tradición peronista: la Justicia Social como mandamiento de nuestro movimiento, que luego Néstor y Cristina Kirchner supieron recuperar con una fabulosa actualización política y doctrinaria.

 

Esta decisión es, por supuesto, una opción política en el marco de un proyecto que aspira a cumplir las tareas inconclusas o aquellas todavía no abordadas.

 

Progresivamente, será necesario apuntar hacia las vulneraciones actuales a los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos. En ese marco, la responsabilidad política e institucional nos obliga a pensar los derechos humanos en función de la inclusión y la ampliación de ciudadanía.

 

Hemos abordado este desafío con una certeza: sólo con el trabajo articulado entre Nación, Provincia, municipios, militancia territorial y los demás poderes será posible profundizar esta política de Estado. Se trata de comprender, como expresó el gobernador Daniel Scioli, el "carácter transversal y el espíritu rector" de los derechos humanos.

 

Planificamos nuestro trabajo en torno a dos proposiciones básicas:

 

- Ampliación y fortalecimiento de la territorialización a través de la construcción de políticas públicas.

- Construir los campos simbólicos que den cuenta de la competencia y alcance de los derechos humanos.

 

La práctica institucional, militante y comunicacional de los derechos humanos debe interpelar a los ciudadanos, para que éstos puedan apropiarse de los sentidos y los valores que los constituyen.

 

En este ida y vuelta reside buena parte de las posibilidades de ampliar ciudadanía, construir políticas públicas que incluyan y que sean eficaces en los diversos campos de acción y ámbitos de intervención de la secretaría de Derechos Humanos de la Provincia: salud, educación, cultura, género, seguridad.

 

Desde la construcción de una ley de prevención de la tortura que está actualmente en estudio, y la conformación del CIPreT (Comisión Interministerial para la prevención de la Tortura) en el ámbito del Ejecutivo, hasta los juicios de lesa humanidad que están avanzando en las complicidades civiles y los delitos sexuales. Desde al abordaje de la violencia de género con el Programa AVM (atención telefónica las 24hs. los 365 días del año al 0800-555-0137) hasta las señalizaciones de ex centros clandestinos. Desde la entrega de pensiones a familiares de víctimas de la dictadura hasta la identidad de género. Desde Asuntos Indígenas hasta violencia institucional. Desde problemáticas de discapacidad hasta la trata. Desde la formación de ciudadanía y formas de participación política en la juventud hasta una editorial propia para concientizar y crear sentidos.

 

Este es el legado de los que no están y de quienes recuperaron sus luchas y banderas. Se trata de la reparación, pero también de la construcción de una patria más justa, libre, soberana. Memoria, Verdad, Justicia e Inclusión Social.

 

(*) Secretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.