La "ley de leyes", estancada desde principios de mes debido a las resistencias del Frente Renovador a otorgar los permisos de deuda pedidos por el Ejecutivo, fue destraba ayer merced a una negociación directa entre el gobernador, Daniel Scioli y el intendente de Tigre y diputado nacional electo, Sergio Massa, que implicó la inclusión de una partida de deuda específica para seguridad -de 1.035 millones-, el compromiso del pago de deudas y el reforzamiento de obras para distritos massistas, la eliminación del aumento en el Inmobiliario Urbano y la designación de Dámaso Larraburu como director del Banco Provincia.

El acuerdo, gestado por el jefe de Gabinete de la Provincia, Alberto Pérez junto a intendentes massistas, se terminó de rubricar anoche con un llamado telefónico entre Scioli y Massa, quienes reconocieron el contacto y se cruzaron en una breve conversación radial, en la que ambos resaltaron "la importancia" y "la buena fe" con la que llegaron a concretarlo y hablaron de un "nuevo acuerdo político".

"Me pareció muy importante, por el bien de la provincia y de nuestra gente, que prevalezca la responsabilidad y la buena fe para que cada uno pueda cumplir con su responsabilidad", señaló el Gobernador. En tanto, Massa indicó "para nosotros es importante el tener la posibilidad, por un lado, de poder contribuir de manera responsable a que la Provincia tenga una herramienta institucional como es el presupuesto". 

Los puntos del acuerdo

Como anticipó DIB la semana pasada, el oficialismo había resuelto modificar su estrategia de negociación y dar algunas concesiones al Frente Renovador, entre las que figuraba la cesión de un lugar en el directorio del Banco Provincia y el reconocimiento, a través de cargos legislativos, como primera fuerza de la oposición.

En concreto, las modificaciones que dieron lugar al acuerdo incluyen una partida específica de 1.035 millones de pesos destinada a "financiar obras, equipamiento e insumos de los servicios judiciales y de seguridad". Para ello, el Ejecutivo resolvió tomar 600 de los 8 mil millones de deuda destinados a proyectos sociales y obras de infraestructura y aumentar en otros 400 millones los pedidos de deuda.

Con esto se suplieron los recursos que se pretendían recaudar con la denominada "tasa de seguridad", que iba a ser creada a partir de un aumento del 18% en el Inmobiliario Urbano y Rural, y que finalmente fue dejado de lado por el Ejecutivo como parte de los acuerdos con las entidades rurales, el Frente Progresista y el masssimo.

Por otro lado, también se incluyeron mayores partidas en infraestructura para distritos massistas, a los que también se sumó el compromiso de cancelar deudas mantenidas por organismos de la Provincia. 

Entre las concesiones a los municipios también figuran -como ocurrió en los últimos dos años- la postergación de la regulación de sus déficits, la suspensión de sanciones del Tribunal de Cuentas a los funcionarios municipales que hubieran autorizado la utilización de recursos afectados para un destino distinto al de su afectación, la convalidación de gastos hechos por encima de sus presupuestos y la autorización a cancelar deudas por medio del cheque de pago diferido.

También se autorizó al Ejecutivo a aumentar los presupuestos de la Dirección General de Escuelas y los ministerios de Infraestructura, Asuntos Agrarios, Producción y Desarrollo Social, que fueron atados a destinos específicos, como programas de desarrollo, repavimentación de rutas y a la creación de un fondo de emergencia para la atención de desastres climáticos.

Cuestionamientos

El Presupuesto y la Ley Impositiva fueron aprobados después de las 22, tras más de cinco horas de debate en las cámaras de Senadores y Diputados. Pese al acompañamiento mayoritario de las leyes en general, los diferentes bloques de la oposición cuestionaron algunos puntos en particular, como la inclusión de los denominados "superpoderes" otorgados al Ejecutivo para readecuar partidas y la deducción de recursos coparticipables para destinos específicos.

En tanto, las diferentes bancadas que componen el Frente Progresista criticaron duramente el acuerdo entre el sciolismo y el massismo, del que dijeron que fue realizado "bajo un manto de sombra". Concretamente, los legisladores cuestionaron y rechazaron el aumento de fondos de infraestructura para los distritos del Frente Renovador. En ese sentido, el diputado de la Coalición Cívica, Walter Martello, se refirió al massismo como "la oposición que vino a cambiar las cosas y las empeoró, y no los votaron para ello". Por su parte, el diputado del FAP, Juan Carlos Juárez, chicaneó "creí que habíamos vuelto al Medioevo y los señores feudales decidían qué hacer con el erario público".

Con todo, el grueso de la oposición coincidió en cuestionar los pedidos de deuda presentados por el Ejecutivo -pese a que en su mayoría los acompañaron- y volvieron a reclamar al Gobernador que "se ponga a la cabeza" de un reclamo provincial por cambios en el reparto de la Coparticipación y la ampliación del Fondo del Conurbano.

El Presupuesto en números

El Presupuesto 2014 establece un total de gastos corrientes y de capital por 180.506 millones de pesos, un 23% más que el previsto para este año, y marca importantes incrementos para las áreas de Infraestructura, Salud, Seguridad, Economía y Gobierno.

En tanto, se prevé un superávit de 42 millones de pesos -aunque no se incluye la pauta salarial, superior a los 10 mil millones- y necesidades financieras por casi 15 mil millones, la mayoría de las cuales corresponde a la colocación de deuda externa a largo plazo.

Con la política impositiva, el Gobierno de Daniel Scioli prevé recaudar 86.921 millones de pesos, un 28,7% más que este año. En tanto, espera el ingreso de 54 mil millones de recursos tributarios de origen nacional, un 23% más que en 2013.

El articulado aprobado hoy contiene una serie de medidas polémicas, como la inclusión en los gastos corrientes de las instituciones de previsión social (IPS y Caja de la Policía), los llamados "superpoderes" para que el Gobierno pueda readecuar partidas presupuestarias sin solicitar el permiso de la Legislatura, y la falta de la pauta salarial prevista para 2014.

En tanto, prevé la creación de 11.170 nuevos cargos, de los cuales 6 mil corresponden a la Policía Bonaerense, 1.200 al Servicio Penitenciario y 3.500 para el Ministerio de Salud, destinados a enfermeras y personal hospitalario.