La iniciativa suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2005 y 2010.

El proyecto apunta a "llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos" que no ingresaron a los canjes instrumentados en aquellos años.

La medida enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso la semana pasada, de ser aprobada hoy por el Senado, pasará a ser discutida en Diputados la semana que viene para que sea convertida en Ley.

Al abrir el debate del proyecto, minutos después de las 15.30, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el kirchnerista bonaerense Aníbal Fernández, recordó que las demandas pertenecen a "los tenedores de títulos que en su mayoría son fondos buitre, porque les importa un comino lo que les pasa a los otros países".

"El Fondo Elliot, por ejemplo, compró en 2008 400 millones de deuda en 40 millones y ahora pretende cobrar 700 millones", ejemplificó Fernández, para luego mencionar que a la Argentina la están demandando los tenedores de bonos que implican "el 0,45 por ciento de la deuda defaulteada en 2001".

El legislador y miembro informante del bloque mayoritario, luego de anunciar una modificación al proyecto para que sea el Congreso el que cierre el canje, recordó que "el país viene pagando sin retrasarse un solo día".

En ese sentido, reconoció que el ex presidente Néstor Kirchner "planteó el cambio de paradigma diciendo que se necesita crecer para poder pagar y no pagar para poder crecer".

"La negociación del 2005 fue durísima y estuvo encabezada por Néstor Kirchner. Me da mucha bronca, casi asco, cuando se mencionan a otros personajes. El único que tomó la decisión se llamó Néstor Kirchner", sentenció.

A su turno, la presidenta de la Comisión de Economía Nacional e Inversión, la radical Laura Montero, adelantó que su bloque "no se va a negar a darle al Gobierno las herramientas que necesita, porque es el Ejecutivo el responsable de la negociación en estas instancias".

Sin embargo, propuso cambios en tres artículos del proyecto para que la negociación esté bajo control del Congreso, para que el Ministerio de Economía informe al Parlamento sobre los resultados de la negociación y para derogar la Ley Cerrojo, y no suspenderla, tal como establece el proyecto del oficialismo.

"La responsabilidad de terminar bien esta situación y de que ese 0,45 por ciento de la deuda no nos ponga en la guillotina es de ustedes. Pero hay que tener una visión sistémica sobre todo lo que no hacemos adentro", cuestionó.

Por el contrario, el justicialista disidente Juan Carlos Romero anunció que el peronismo federal votará en contra de la Ley argumentando que "es una falacia el desendeudamiento", que "hay bancos que vienen haciendo un gran negocio con la deuda desde hace décadas" y consideró "un papelón esto de votar tres veces lo mismo".

En el mismo sentido, el representante del FAP, Jaime Linares, anunció que su bancada no votará el proyecto porque "esto no soluciona la deuda", al tiempo que señaló que "parecería que esto tiene que ver más con una estrategia judicial para decir que vamos a pagar y, mientras tanto, después de diez años seguimos al borde del default si sale mal el fallo de la justicia americana y aún no cerramos el pago al Club de París".