El tribunal, con la firma de los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero, resolvió decretar nulos los procesamientos dictados por Oyarbide, entre ellos el de asociación ilícita de los Schoklender, y lo apartó del caso.

La Cámara resolvió designar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo de la causa, quien venía llevando a cabo una investigación por los fondos que recibía la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas.

La crítica de la Cámara hacia Oyarbide es por haber hecho una imputación genérica hacia todos los acusados, incluidos los Schoklender, y según el fallo los magistrados consideraron que "no resulta fácil determinar con precisión cuáles son los hechos atribuidos, e individualizar cada uno de los actos de desvío que integrarían la defraudación por administración fraudulenta de la que habrían participado los encausados".

La causa se inició el 2 de junio de 2011 a raíz de una presentación tardía de la Unidad de Información Financiera (UIF) ante la Justicia a raíz de movimientos sospechosos de dinero que involucraban a los Schoklender. Los hermanos estuvieron detenidos en dos ocasiones porque Oyarbide consideró que obstaculizaban la investigación, pero en ambas circunstancias la Cámara con fuertes críticas a aquél los liberó al revocar esa decisión.

Para los camaristas Farah y Ballestero, el juez Oyarbide citó a indagatoria con una "indeterminación" en la acusación y "por demás genérica" a tal punto que "carece de las precisiones necesarias en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían" ocurrido los delitos.

A raíz de este fallo con una crítica fuerte a Oyarbide, la investigación que tenía como principal acusado a los Schoklender y con falta de mérito a Alejandra Bonafini, hija de la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, vuelve a la nada.

"Se trata de una descripción genérica de la que sólo se desprende que existiría una suma de dinero -no determinada aquí- proveniente del Estado, que tenía una afectación específica -la construcción de viviendas, y que egresó del ámbito de la Fundación habiendo beneficiado, en algunos casos, a los apoderados de aquélla -a quienes tampoco se mencionó", explicó la Cámara.

"Tal relato exigía, a continuación, la debida precisión de cada uno de los actos de desvío referenciados, detallándose expresamente cada una de las operaciones que se habrían traducido en un perjuicio al Estado, y que habrían configurado un beneficio indebido para algunos de los incusos. Sin embargo, esa información permanece ausente en los párrafos subsiguientes", agregó el Tribunal.

En ese sentido, siguieron las crítica: Oyarbide no logró develar "cuánto dinero habría recibido la Fundación, qué parte del mismo habría sido desviado ni se ha especificado cuál ha sido su destino final", y tampoco no se señaló qué financieras o empresas para darle otro fin a los fondos, no "constan los nombres de la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita".

En función de ello, la Cámara consideró que "obliga a retrotraer el proceso a los estadios previos, con el consecuente compromiso a la necesidad de una pronta y eficaz administración de justicia".

Así fueron anulados las indagatorias de los Schoklender, del contador Alejandro Abraham Gotkin; del piloto aéreo Gustavo Serventich; y otras 60 personas.

En otra senda resolución de la Cámara, y a partir de un planteo de los Schoklender, resolvió otorgarle la causa que tenía Oyarbide, a su par Martínez de Giorgi, quien viene investigando otro tramo de los hechos vinculado con el otorgamiento de subsidios estatales a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Para el Tribunal son "dos caras de una misma moneda". Por ello, señalaron que "la pesquisa llevada a cabo en este sumario de ningún modo puede escindirse de la investigación tendiente a determinar la posible responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en las correspondientes contrataciones y que debían controlar la ejecución de las obras encomendadas a la Fundación".

A dos años y dos meses de iniciada la investigación judicial, de media docena de indagatorias que prestó Sergio Schoklender de interminables horas cada una, de múltiples informes y peritajes, y de la detención que dispuso Oyarbide sobre los hermanos y Gotkin, la voluminosa causa ahora vuelve a cero.

Por Sergio Farella sfarella@infobae.com