El máximo tribunal decidió declarar fuera del marco legal a los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, aprobada por el Congreso de la Nación, que establecía una serie de reformas para trasparentar el funcionamiento del organismo encargado de evaluar y elegir a los magistrados. 

Además, la Corte dejó sin efecto el decreto 577/13 que realiza la convocatoria para la elección de candidatos a consejeros para los cargos de representantes de los jueces, abogados y de otras personas del ámbito académico y científico. 

El fallo tuvo el voto en disidencia de Raúl Zaffaroni.

Como consecuencia, quedaron invalidadas las elecciones de consejeros (previstas para los próximas primarias, el 11 de agosto), sin perjuicio de que se puedan realizar los comicios para las categorías de senadores y diputados.

El fallo de Servini de Cubría

María Servini de Cubría había dictado días atrás la primera sentencia definitiva contra la reforma del Consejo de la Magistratura. La magistrada había declarado inconstitucional tanto la nueva composición que la ley establece para el organismo como la forma "popular y partidaria" de elegir a sus miembros.

Ante el fallo de Servini de Cubría, el Gobierno presentó un per saltum para que fuera la Corte Suprema quién decidiera sobre la constitucionalidad o no de la nueva ley, aprobada por el Congreso como parte del paquete de proyectos de la denominada "democratización de la Justicia".

La posición de Gils Carbo

Por su parte, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en su carácter de fiscal ante la Corte Suprema, había pedido ayer revocar la sentencia de Servini de Cubría.

Según Gils Carbó, la modificación en la composición del Consejo y la elección de sus miembros por el "voto popular" no sólo no es inconstitucional, sino que también reglamenta la carta magna "de un modo más coherente con nuestro compromiso constitucional democrático y dando una respuesta adecuada a la demanda social de incrementar la participación ciudadana en los órganos de gobierno".