Asegurar la eficiencia del servicio, y procurar mayor beneficios para los usuarios. Con esos argumentos y, teniendo en cuenta que año a año la telefonía celular lidera el ranking de quejas de los usuarios, el Gobierno amplió las facultades de la Secretaría de Comunicaciones para actuar contras las empresas y anunció la creación de un nuevo reglamento que establece "medidas idóneas" para garantizar su efectivo cumplimiento.

Así lo establece el decreto 681/2013, publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma de la presidenta Cristina Fernández, en el que se facultó a la Secretaría de Comunicaciones, con la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), a dictar en los próximos 30 días "un nuevo reglamento que establezca los requisitos de calidad para la prestación de los servicios de telecomunicaciones a ser cumplidos por los licenciatarios".

La secretaría, hoy a cargo del camporista Norberto Berner, podrá tomar "las medidas que resulten idóneas para garantizar el efectivo cumplimiento por parte de los licenciatarios de los servicios de telecomunicaciones, de los requerimientos de calidad del servicio establecidos en las disposiciones vigentes".

Aunque el texto no señala todas las medidas que el Gobierno podría tomar, en los considerandos sí aclara que "podría impedir que las telefónicas incorporen nuevos usuarios o servicios hasta tanto no hayan mejorado las prestaciones que dan a sus clientes".

"Resulta imprescindible otorgar a la Autoridad de Aplicación la facultad de disponer, a fin de evitar un deterioro grave en la calidad de los servicios de telecomunicaciones, las medidas preventivas que resulten idóneas, tales como la suspensión de la comercialización y activación de nuevas líneas y servicios por parte de las licenciatarias, a fin de garantizar al usuario el efectivo cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de telecomunicaciones", detalla la normativa.