Se cierra el primer año del segundo período de gobierno de Cristina Kirchner, que tuvo como bautismo un histórico triunfo en octubre de 2011 con casi 12 millones de votos y ocho millones de diferencia respecto de la segunda fuerza, que obtuvo apenas el poco más de tres millones de sufragios, la mayor diferencia entre primera y segunda fuerza y el menor número de votos obtenidos por la segunda alternativa de que se tenga memoria estadística en el país.

Frente a este notable respaldo y en un año de fuerte impacto de la crisis internacional y regional en la economía doméstica, el Gobierno mantuvo sin cambios notables su popularidad sosteniendo los dos atributos que le dieron volumen a su megavictoria: consumo y empleo.

En efecto, los datos indican que los niveles de empleo se mantienen sin variaciones entre octubre de 2011 y 2012 en torno al 7,5% promedio de desempleo abierto, la pobreza impacta sobre el 13% de la población, la indigencia persiste en el 3%, mientras el consumo interno se sostiene con firmeza medido indirectamente por recaudación o de manera directa por información sectorial pública y privada.

Igualmente, contra todos los pronósticos de caídas y estanflación propalados por los sabios y el contexto desfavorable, la economía acumula un crecimiento del PBI en el año 2012 del 2,1%; y mejorará más cuando se sumen los últimos dos meses que son los mejores del año que se cierra.

Complementariamente, el Gobierno nacional, a pesar del contexto de crisis internacional y regional -o tal vez motivado por él-, transformó este primer año del segundo mandato de Cristina en el de mayor activismo estatal desde mayo de 2003, profundizando el modelo iniciado por Néstor Kirchner hace casi una década.

Enumeramos sólo cinco medidas de amplio impacto socioeconómico desplegadas en este primer año que dan volumen a la gestión nacional y fueron todas acompañadas por amplio respaldo de la opinión pública.
1. La estatización del 51% del paquete accionario de YPF supuso no sólo el control de la principal industria de nuestro país y de la petrolera que domina el mercado de los hidrocarburos con su integración vertical. Con esta decisión el Gobierno pasó a controlar, además, un conglomerado de empresas que incluye una compañía en Estados Unidos, dos de servicios petroleros, la venta directa de combustibles con una red propia, la distribución de gas, la generación de electricidad, la separación de gases ricos, la producción de fertilizantes y de metanol, cuatro refinerías, ductos, una terminal portuaria y hasta una comercializadora de granos.

La lista de la participación de YPF en otras compañías es enorme. En algunas tiene el 100% del capital accionario y en otras una presencia mayoritaria o la operación sin ser el dueño principal. Es difícil conocer el patrimonio neto de semejante red de intereses comerciales porque, además, muchas de estas firmas no son públicas (no cotizan en bolsa) desde el punto de vista de la información.

YPF, ya se sabe, es la principal empresa de nuestro país, la de mayor facturación, el primer contribuyente al Fisco y el generador del más alto número de puestos de trabajo. Extrae el 33% del petróleo y el 23% del gas que se producen en la Argentina y lidera ampliamente el mercado de los combustibles líquidos y el gas envasado (GLP).

Uno de los activos que automáticamente pasaron al control del Estado cuando se intervino la empresa fue la petrolera Maxus Energy Corporation, con sede en Estados Unidos y actividad en el Golfo de México.

Maxus fue adquirida por YPF bajo gestión estatal antes de que Repsol comprara el paquete mayoritario de la empresa. Tiene una producción de 10 mil barriles por día en el área Neptune y activos en la zona de Texas, donde está su sede.

Otra de las empresas es YPF Internacional, que tiene a su vez el 100% de YPF Guyana Ltd., participante del consorcio Bloque Georgetown, cuyo operador es Repsol. YPF Internacional tiene además intereses en Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. La decisión de tomar el 51% de las acciones fue como se ve de enormes consecuencias.

2. Plan de viviendas Procrear: plan emblema de las políticas nacionales de sostenimiento de empleo en un contexto de restricciones , el muy incipiente aún plan Procrear, según los estudios del departamento estadístico de la Cámara Argentina de la Construcción , se estima promoverá un incremento de la inversión en construcción equivalente al 1,2% del PBI si se construyen 100 mil viviendas de 50 m2 cada una por año, calculando un costo promedio de alrededor de $ 5 mil el m2, lo que supondrá la creación o sostenimiento de alrededor de sesenta mil empleos directos, a los que habrá que agregar los indirectos por el notable efecto multiplicador de la construcción.
En este sentido, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del Indec proyecta que por cada cien mil pesos invertidos, como valor bruto de producción en la construcción, se generarán tres puestos de trabajo en ese sector en particular y cinco puestos de trabajo en total en toda la economía, esto es por cada puesto de trabajo directo que supone la inversión de 33 mil pesos se generarán 1,6 puesto de trabajo indirectos.

3. Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central: el proyecto promovido por el Poder Ejecutivo fue sancionado el jueves 22 de marzo por el Senado, donde recibió 42 votos a favor, sólo 19 en contra y dos abstenciones.

El artículo 2 de la Ley 26.739 señala que el BCRA "tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social".

La norma amplía así las facultades de la entidad, que la ley de convertibilidad en medio del festival neoliberal de los años 90, había restringido a la preservación de la estabilidad monetaria, y dispone ahora la coordinación de políticas con las desarrolladas por el Ejecutivo.

El artículo 3 señala al respecto que el Central podrá regular el funcionamiento del sistema financiero, así como la cantidad de dinero y las tasas de interés, y "regular y orientar el crédito".
Además, entre otras funciones establece la de "proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes".

La ley dice, además, para evitar discrecionalidad que el BCRA "no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación".

4. Control del Mercado de Capitales: ahora la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá el poder de policía sobre los mercados del país, lo que hasta ahora era ejercido por las mismas Bolsas de valores. El rol de la CNV se reducía a la autorización de las ofertas públicas.

La reforma busca atraer el ahorro de empresas e individuos para aumentar la oferta de financiamiento.

Asimismo, se establece que la CNV será el único organismo de control de la oferta pública de acciones y títulos. Esa dependencia unificará las funciones de autorización, negociación, supervisión y policía de los valores negociables, atributo que hasta el momento tenían tres entidades distintas.
Por otra parte, la CNV podrá "solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas físicas y/o jurídicas sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomar declaración informativa y testimonial".

La CNV podrá llevar a la práctica este atributo cuando detecte situaciones en la que puedan resultar vulnerados "los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública".

5. Control de cambios: en Economía a Contramano, el muy interesante y reciente libro de Alfredo Zaiat, se muestran el período y la magnitud de las seis corridas desestabilizadoras registradas contra los gobiernos de Cristina Kirchner.
Elecciones presidenciales 2007, duración de julio 2007-octubre 2007. Monto fugado: 7.131 millones de dólares.

Crisis "del campo", duración abril 2008-julio 2008. Monto fugado: 10.393 millones de dólares.

Caída de Lehman Brothers, duración septiembre 2008-octubre 2008. Monto fugado: 6.561 millones de dólares.

Fin AFJP, crisis internacional, elecciones junio 2009, duración diciembre 2008-julio 2009. Monto fugado: 13.784 millones de dólares.

Crisis Redrado en el BCRA, duración enero 2010-abril 2010. Monto fugado: 5.262 millones de dólares.

Elecciones presidenciales 2011. Duración abril 2011-octubre 2011. Monto fugado: 17.545 millones de  dólares.

El total de fuga de capitales entre mediados de 2007 y fines de 2011 ascendió a 60.676 millones de dólares, el equivalente a casi el 150% de las reservas.

Este nivel de fuga, intolerable para cualquier economía, comenzó a ser atacado por el Gobierno con el control del cambio (denominado por la oposición mediática como "cepo al dólar"), por lo que el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner comenzó a restringir la adquisición de billetes verdes en octubre de 2011 para frenar una fuga de divisas que golpeó las reservas del Banco Central, con las cuales financia sus pagos de deuda y gasto público, planes sociales, jubilaciones y pensiones, etc. La idea es que el dólar debe ser moneda para el comercio exterior y erradicada de la transa doméstica y el atesoramiento, donde sólo debe existir el peso como moneda de uso.

Como se ve, 2012 fue un año de gran actividad en la gestión, que pudo sortear con éxito las dificultades inocultables del contexto sin que se resintiera de manera notable el nivel de vida de los argentinos y las argentinas, todos y todas, incluido el de ustedes, estimados lectores de PERFIL.

(*) *Director de Consultora Equis.                                                                                  Nota de opinión publicada en diario Perfil