El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la denuncia por "incitación a la violencia colectiva" (Artículo 212 del Código Penal), iniciada por el Grupo Clarín contra los periodistas Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente.

Se trata de una figura penal que podría implicar penas de tres a seis años de prisión. De acuerdo al texto de la denuncia al que accedió FOPEA, además de esta denuncia, el demandante pide a la Justicia que se evalúe la posibilidad de aplicar también la figura de "coacción prevista agravada" (Artículo 149 del Código Penal), que establece penas no excarcelables, de hasta 10 años de cárcel.

Es contradictorio que una empresa para cuya tarea es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas. Y más si se tiene en cuenta que en su denuncia el Grupo Clarín hace hincapié en la necesidad del respeto a la libertad de expresión y de opinión, derechos protegidos por diferentes Tratados Internacionales citados en su presentación.

En ese sentido y de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en los que se basa FOPEA para realizar su defensa irrestricta de la libertad de expresión, la denuncia presentada el pasado jueves constituye una clara afrenta a estos principios, considerando que cuestiona los dichos públicos de los periodistas en diferentes espacios televisivos, donde opinaron sobre la empresa y sus directivos.

Por ello, FOPEA se solidariza con Russo (columnista del diario Página/12 y panelista del programa 678); Caballero (ex director del diario Tiempo Argentino) y Vicente (relator del ciclo Fútbol para Todos).

El Grupo Clarín relacionó a todos en una supuesta maniobra violenta en su perjuicio, que "se verifica con claridad a partir de los dichos de distintos periodistas y funcionarios" (la demanda alcanza además al titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, entre otros), y que no tiene dudas respecto a que "el Gobierno Nacional está detrás de este accionar". En ningún lugar de la presentación judicial formulada por el Grupo Clarín se menciona a los periodistas como testigos. En cambio, sí son identificados entre los "principales propaladores del mensaje gubernamental", lo cual los haría parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia, de "quienes incitan a la violencia colectiva".

FOPEA estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas, y así lo ha señalado en varias oportunidades. De hecho, manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos. También hemos planteado la necesidad de limitar los montos de las demandas civiles por calumnias e injurias contra periodistas, algo que muchas veces intenta actuar como un silenciador de voces, a través de las presiones económicas que implican querellas de este tipo. Además, alertamos sobre la judicialización de las discusiones políticas, lo que puede llevar a la desnaturalización de la elevada función del Poder Judicial como tal.

Es por eso que solicita al Grupo Clarín que retire la denuncia hecha contra los periodistas e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que la Argentina suscribió.