El Grupo Clarín intentó ayer volver sobre sus pasos luego de haber iniciado el jueves una inédita embestida judicial contra periodistas, denunciándolos penalmente por incitación a la violencia colectiva y coacción agravada. A raíz del rechazo generalizado de lo que fue leído como un ataque a la libertad de expresión por parte del multimedios, su abogado -y uno de los firmantes del escrito radicado en el Juzgado Federal Nº 9-, Hugo Wortman Jofré, salió a aclarar que los periodistas no habían sido denunciados, y que sólo se le pedía a la justicia que los cite en calidad de "testigos". Pero del texto de la presentación -que debería ser ratificada hoy ante el juez federal Luis Rodríguez- se desprende que la demanda fue entablada tanto contra los periodistas como contra los funcionarios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunció que encabezará la defensa técnica de los periodistas señalados y desmintió la versión de los abogados de Clarín.  

Recién al mediodía de ayer, se dio a conocer un comunicado donde los letrados de Clarín "aclararon" que la acusación por incitación a la violencia no estaba destinada a "ningún periodista". Allí también explicaron que la presentación de la empresa ante la justicia -de la cual no habían informado a través de ninguno de sus medios de comunicación- se hizo con el objetivo de "salvaguardar la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares" ante "la acción y las manifestaciones" de algunos funcionarios. De manera críptica, intentaron postular que los periodistas mencionados en el escrito "sólo fueron propuestos como testigos". 

"La acción está orientada a revelar si la conducta del Estado nacional y sus funcionarios constituyó una acción penalmente reprochable. No se busca imputar a periodista alguno, estos sólo serán testigos", sostuvieron los letrados. En ese sentido, buscaron explicar de qué forma este postulado se vinculaba con el texto de la denuncia que mencionaba al ex director de Tiempo Argentino, Roberto Caballero, a la columnista de Página/12 y panelista de la TV Pública, Sandra Russo, y al relator de Fútbol Para Todos, Javier Vicente. La citación en esos casos sería, según los abogados, para que "de poseerla, como sugieren sus manifestaciones, aporten información sobre los hechos denunciados. No nos referimos a opiniones, sino a información concreta sobre la investigación". La reacción pudo leerse como una recapitulación del Grupo ante el rechazo que generó -incluso dentro de sus propias filas- el inicio de la causa judicial. 

Pero según surge del escrito presentado ante la justicia, la demanda pone en pie de igualdad a funcionarios y periodistas y echa por tierra los intentos de minimizar el rol que se les asignó en el expediente. En su página 29 destaca: "hasta el momento y sin pretensión de taxatividad (NdR: es decir que no sólo se limita la acción penal a los nombrados), han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín, las siguientes personas: Sandra Russo, periodista; Edgardo De Petri (sic), diputado del Frente para la Victoria; Martín Sabbatella, recientemente nombrado para la ejecución de la ley de Medios; los integrantes de las agrupaciones La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita; Juan Cabandié, titular del bloque de legisladores porteños del FPV; Roberto Cavallero (sic), periodista; Julio Alak, Ministro de Justicia; Carlos Zannini, Secretario Legal y Técnico de Presidencia y Javier Vicente, relator." A continuación, y subrayado, realizan la imputación: "Por todo ello, y en reclamo del reconocimiento a tales principios constitucionales, se promueve la presente denuncia contra quienes, con el claro objeto de perjudicar a Grupo Clarín y sus directivos, incitan a la violencia colectiva". Como se ve, todos han sido incluidos en la denuncia que los abogados planean rectificar. 

En una entrevista con radio Vorterix, Wortman Jofré se enredó aun más. Cuando se le preguntó si las declaraciones detalladas en la denuncia, vertidas por los trabajadores de prensa, constituían meras opiniones, respondió: "Si es así, desisto el testimonio. Si es su opinión, listo, se acabó." El abogado dijo que "lo último que quiero es que alguien deba ir a dar testimonios a la justicia por una opinión". 

De todas formas, deslizó que en caso de tener información y sin revelar las fuentes debieran aportarla a la justicia, y advirtió que si se comprueba que existió "una campaña" difamatoria por parte de los periodistas tendrán que responder en el fuero civil. Sin dejar dudas, en el capítulo "Objeto" de la denuncia, el escrito firmado por Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada declaró su intención de "promover denuncia criminal contra los instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva", que según expresan "se verifica con claridad a partir de los dichos de periodistas y funcionarios". En el escrito son mencionados otros periodistas que también tienen ciclos en medios públicos como Orlando Barone, Edgardo Mocca, Nora Veiras, y Eduardo Jozami, pero no se puntualiza imputación sobre ellos. 

En otro párrafo sin vueltas postulan que "seguramente al interrogarse a los propaladores de los mensajes que incentivan a la violencia contra el Grupo Clarín, se podrá determinar a qué interés responden. Pero no cabe ninguna duda en atención al origen o función que desempeñan, que el gobierno nacional se encuentra detrás de este accionar". La forma de "interrogar" sólo podría hacerse a través de una declaración indagatoria. 

"Existe una contradicción flagrante entre la denuncia y la aclaración del abogado. Una contradicción entre lo que dicen y lo que ahora dicen que dicen", dijo por su parte el titular del CELS, Horacio Verbitsky al desgranar la denuncia. "Las citas que están en el escrito son la mejor prueba de que lo que dijo hoy Wortman Jofré es mentira", indicó el periodista, que evaluó una "marcha atrás" la aclaración de los letrados. 

Entre los múltiples rechazos que generó la presentación de Clarín, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) se solidarizó con los periodistas denunciados y le pidió al Grupo que "retire" la denuncia, y que en caso contrario, sea la justicia la que "rechace" la demanda sin trámite. A través de un comunicado, la entidad que nuclea a profesionales de los medios y a académicos afirmó que "de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en los que (FOPEA) se basa para realizar su defensa irrestricta de la libertad de expresión, la denuncia constituye una clara afrenta a estos principios, considerando que cuestiona los dichos públicos de los periodistas en diferentes espacios televisivos, donde opinaron sobre la empresa y sus directivos". La entidad consideró además "contradictorio" que Clarín "recurra a presentaciones penales contra periodistas".