Hubo respuestas de repudio, respecto a la presentación judicial contra los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente, a quienes se denunció por ser supuestos "instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva en perjuicio tanto del Grupo Clarín como sus directivos en particular".

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anunciará este lunes que asumirá la defensa de los periodistas, y sostuvo que "no es menos grave el amordazamiento de la libertad de expresión cuando lo intenta una poderosa empresa privada que si proviene del Estado", dado que "para una y otro rige la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 13, exige el respeto a la libertad de pensamiento y de expresión".

El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, calificó de "autoritaria e intolerante" la denuncia. "Me enteré esta mañana por los medios, y no por los del grupo denunciante. Pareciera que hasta a ellos mismos los avergüenza el argumento de su acusación, porque ni siquiera se animan a publicarlo en su diario", afirmó.

Sabbatella afirmó "con esta noticia, queda claro quiénes son los autoritarios e intolerantes, los que quieren meter presos a periodistas por sus opiniones y a funcionarios por querer hacer cumplir la ley". "Denunciar a periodistas por expresar sus pensamientos e ideas nos recuerda los momentos más oscuros de la historia de nuestro país, y va a contramano del presente que vive la Argentina, con un gobierno que impulsó eliminar la figura de calumnias e injurias del Código Penal", concluyó el funcionario.

Desde la asociación Comunicadores de la Argentina (COMUNA) también se rechazó por "inconstitucional y antidemocrática" la acción del Grupo Clarín, al sostener que "imputa a los periodistas `instigación a la violencia`, lo que significa pedir para ellos cárcel de entre tres y seis años y acusa también a funcionarios, legisladores y dirigentes políticos que no comulgan con los propósitos de la empresa".

En tanto, la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, calificó la acción como "los últimos manotazos de los ahogados"; mientras que la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Por Razones Políticas, Lita Boitano, aseguró que la denuncia penal forma parte de una "campaña terrorífica que se está dando no ya día a día, sino hora a hora". El ex diputado y dirigente radical Leopoldo Moreau también se pronunció sobre la denuncia al calificarla como "un retroceso democrático". "La denuncia del Grupo Clarín pidiendo cárcel para periodistas es un pésimo precedente para sus propios periodistas. Un retroceso democrático", afirmó el radical.

El conductor de radio y televisión Jorge Rial pidió "que ninguna diferencia nos lleve a no repudiar las amenazas de Clarín a periodistas", y el rabino Daniel Goldman señaló "me parece que promueve un silenciamiento y una censura que es contraria a la libertad de prensa que estamos viviendo".