Una mujer que quedó embarazada producto de una violación no pudo realizar un aborto tal cual lo contempla la ley de interrupciones de embarazos no punibles porque los médicos del servicio de ginecología del centro asistencial al que acudió alegaron objeción de conciencia. El hecho fue denunciado por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), y se encuadra en lo que califican de "situación preocupante" debido a que, consideran, el protocolo implementado por el Ministerio de Salud bonaerense no se aplica en todos los hospitales de igual modo. 

El planteo de AMMAR es por la situación que atravesó una trabajadora sexual de La Plata, la cual hace un mes fue abordada en un tren y conducida al Parque Pereyra Iraola, donde fue sometida. Poco después la mujer acudió a la sala sanitaria anclada en la "zona roja" platense que asesora a las trabajadoras sexuales, donde se realizó el estudio para saber si como producto de la violación quedó embarazada. 

Según publicó Diagonales.com, al comprobar que efectivamente era así la mujer realizó la declaración jurada que la Ley exige para las interrupciones no punibles de embarazo y concurrió al servicio de Ginecología del Policlínico San Martín, donde, según la denuncia de AMMAR, sus profesionales plantearon una objeción de conciencia basada en que se trata de una trabajadora sexual. 

El planteo de AMMAR habría sido escuchado y la situación de la mujer sería atendida. El paso del tiempo (casi un mes de la primera presentación en el Hospital) es lo que más preocupa a la asociación, dado que la mujer cursa la décima semana de embarazo. Si alcanza las 12 semanas quedaría excluida de los términos de la ley y no podrá interrumpir el embarazo. 

Díaz habló de la preocupación que genera que no todos los hospitales actúen como indica la ley, y que los propios profesionales "no tengan en claro cómo actuar". Pero para Díaz, en el caso puntual de la meretriz violada se suma la discriminación: "La de concebir que una trabajadora sexual no puede ser violada". 

"Notamos que existe una suerte de 'regla tácita', que no está en la Ley que rige los abortos no punibles, por la cual si la demandante es meretriz, no será tratada", indicó Aldana Soledad Díaz, secretaria general de AMMAR en la provincia de Buenos Aires. 

Según denunciaron desde la asociación, en el hospital le dijeron que no podía haber sido violada porque era una trabajadora del sexo, pero luego le dieron una mínima dosis de misoprostol, para realizar el aborto. Según explicaron, la dosis no resultó y luego "todo el personal adujo objeción de conciencia", indicaron. 

WZ