El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de desregular el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y advirtió que la medida pone en riesgo uno de los principales logros sanitarios de la ganadería bovina argentina.

La crítica surge luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableciera mediante la Resolución 201/26 que, a partir del 1 de enero de 2027, se modificará el sistema de entes vacunatorios incorporando en paralelo veterinarios independientes, que no tendrían vínculo con el ente local. Este sistema se aplicaría, según la resolución, para la vacuna obligatoria contra la aftosa y la brucelosis bovina.

En la actualidad, la vacunación obligatoria la realiza el productor junto con el ente sanitario regional —fundaciones integradas por productores— que organizan las campañas, fiscalizan el proceso y garantizan la cobertura territorial.

Javier Rodríguez advirtió que este sistema fue central para que la Argentina lograra erradicar la enfermedad tras el brote registrado a comienzos de siglo, y destacó que además permitió consolidar un esquema sanitario sólido y confiable. “El sistema actual permitió ampliar la seguridad del sector. Hoy nadie duda de su solidez. En definitiva, no hay problemas sanitarios. Los problemas que surgieron con algunos entes tenían que ver con una puja económica, que debería haberse resuelto puntualmente en lugar de cambiar todo el sistema”, sostuvo.

“El sistema de Fundaciones y Entes Sanitarios fue clave para que la Argentina lograra erradicar la fiebre aftosa. Fue una estrategia basada en la organización de los propios productores junto con el Senasa y en campañas sanitarias coordinadas en todo el territorio”, explicó.

En ese sentido, recordó que el esquema nació a partir de una propuesta de los productores que debían asumir la responsabilidad de vacunar su propio ganado, lo que dio lugar a una red de aproximadamente 300 entes sanitarios en todo el país.

“Esas fundaciones funcionan como una verdadera red de capital social dentro de la ganadería. Permiten organizar campañas sanitarias, articular a productores de distintas escalas y sostener una estrategia sanitaria que le devolvió a la Argentina el estatus de país libre de aftosa”, señaló.

El ministro advirtió además que la modificación impulsada por el Gobierno nacional desestabiliza principios clave del sistema actual. “Se rompe el criterio de solidaridad que garantiza una cobertura universal. Lo que va a pasar es que los profesionales independientes van a buscar a los productores o propietarios de grandes cantidades de animales, porque resulta más simple y conveniente vacunar a esos rodeos, mientras que en producciones de pocos animales la vacunación resulta menos conveniente para quienes presten el servicio. El ente sanitario hoy garantiza que se vaya a todos, el profesional independiente no lo hará, ni está obligado”, explicó.

Javier Rodríguez también puso el foco en las dificultades que podría generar el nuevo esquema en términos de control sanitario. “El hecho de que los profesionales sean independientes de los entes vacunatorios hace más complejo el control y seguimiento de la vacunación, porque la información sobre qué productores vacunaron en un determinado distrito estará disgregada”, advirtió.

Además, señaló que uno de los aspectos menos discutidos de la normativa afecta directamente la lógica de las campañas sanitarias. “El artículo 4 de la resolución, del que no se está hablando, rompe con el criterio de campaña de vacunación. Esto desestabiliza el funcionamiento actual: el control resulta casi imposible sin establecer lapsos temporales claros, como lo hace el esquema vigente”, remarcó.

“Lo que está en juego no es solo quién aplica la vacuna, sino un modelo de articulación pública-privada que durante décadas sostuvo la sanidad ganadera argentina”, afirmó.

Javier Rodríguez fue aún más contundente al referirse al impacto sanitario que podría tener el cambio impulsado por el Gobierno nacional. “Sturzenegger está actuando con anteojeras ideológicas y de manera irresponsable, un tema donde lo que hay que priorizar es la seguridad en materia sanitaria”, advirtió, teniendo en cuenta que el surgimiento de un brote de aftosa en 2001 afectó tremendamente a la ganadería bovina, al provocar la pérdida del estatus sanitario nacional.

“Durante más de veinte años se dio un sistema que funciona: eso lo muestra la cobertura vacunal y la seguridad que el propio sistema aporta. No fue casualidad: fue el resultado de coordinación, responsabilidad colectiva y compromiso del sector productivo. Desarmarlo en nombre de la desregulación es un riesgo enorme para la ganadería argentina”, concluyó.