Los gobernadores de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y La Pampa manifestaron su rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional y pidieron a las distintas fuerzas políticas del Congreso que voten en contra de la iniciativa.

A través de un pronunciamiento conjunto titulado “Trabajo, federalismo y desarrollo: el camino hacia una verdadera modernización”, los mandatarios provinciales aseguraron que la propuesta oficial, presentada como un proceso de modernización, implica en realidad un retroceso en materia de derechos laborales. Según señalaron, el proyecto “debilita derechos individuales y colectivos” en un contexto de creciente incertidumbre en el mercado de trabajo.

Los gobernadores aclararon que no se oponen a una actualización del marco normativo laboral, pero remarcaron que cualquier reforma debe orientarse a ampliar derechos y reconocer nuevas garantías frente a los cambios tecnológicos y productivos, y no a reducir protecciones. En ese sentido, afirmaron que la iniciativa oficial consolida la desprotección y no promueve una modernización genuina.

En el documento también vincularon la reforma con el actual rumbo económico. Sostuvieron que la política implementada por el Gobierno provocó una caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. Según indicaron, desde el inicio de la actual gestión se habrían perdido cerca de 300 mil puestos de trabajo y cerrado más de 21 mil empresas.

Además, calificaron al proyecto como “profundamente antifederal” al considerar que sus efectos impactarán de manera directa en las economías regionales sin contemplar sus particularidades ni generar instancias de diálogo con las provincias. En ese marco, advirtieron que las transformaciones estructurales en un país federal requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial.

Los mandatarios también cuestionaron el argumento oficial de que la reforma impulsará la creación de empleo. Aseguraron que experiencias previas de flexibilización laboral no generaron mayor formalización y, por el contrario, facilitaron despidos y trasladaron riesgos hacia los trabajadores. Asimismo, expresaron preocupación por posibles reducciones salariales y limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad.

Finalmente, los gobernadores convocaron a defender el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas y reiteraron su disposición a debatir reformas en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional. “La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, concluyeron.