El Gobierno Nacional recibió presiones de gobernadores, tanto dialoguistas como opositores, a horas de debatirse el Proyecto de Modernización Laboral: ambos bandos pretenden eliminar o modificar la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas, incluida en la reforma que impulsa el Ejecutivo, ya que recorta la coparticipación provincial y se estima una pérdida de hasta 3 billones de pesos.

Este tema se convirtió en un conflicto central porque los mandatarios provinciales solicitan compensaciones para aprobar el proyecto que la gestión de Javier Milei pretende sancionar, casi de manera urgente, en el periodo de sesiones extraordinarias.

La tensión se instaló en la mesa de negociaciones cuando la iniciativa oficial buscó reducir el Impuesto a las Ganancias de sociedades y/o empresas, con el fin de aumentar la rentabilidad y la inversión, pero a costa de la desfinanciación de las provincias ya que es un gravamen coparticipable.

Dentro de los distritos más desfavorecidos en este escenario las provincias que lideran con un índice de pérdida estimado en más de  $1 billón son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Los gobernadores aliados como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros, apoyan la reforma laboral, sin embargo, exigen que Nación asuma el costo fiscal o que la medida se postergue hasta 2027.

Por su parte, el Ejecutivo insiste en mantener la reducción, aunque se discuten posibles alternativas como, por ejemplo, sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral impulsado por La Libertad Avanza (LLA).

Por último, los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires) continúan firmes en el rechazo a la reforma, con o sin Impuesto a las Ganancias.(NA)