El Consejo de la Magistratura resolvió enviar a la comisión de Acusación las denuncias contra el juez civil y comercial federal Patricio Maraniello por presunto abuso sexual y maltrato laboral, tras una votación que unificó los expedientes en su contra. 

La medida fue aprobada por nueve votos afirmativos durante la reunión de la comisión de Disciplina, que comprendió la gravedad de las imputaciones que, de confirmarse, podrían implicar sanciones severas.

La causa había sido postergada la semana pasada, pero finalmente fue girada a Acusación, órgano que deberá avanzar con la investigación. Entre los testimonios figuran no sólo el de la denunciante sino también el de compañeros y hasta jueces camaristas que relataron conductas inapropiadas por parte del magistrado. 

Incluso describieron un “código de vestimenta” que incluía tacos y minifalda para las empleadas, lo que generó el mote de “las azafatas de Maraniello” en los pasillos del juzgado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión fue acompañada por los consejeros César Grau (presidente de Disciplina), Luis Juez (senador y titular de Acusación), los senadores Eduardo Vischi, Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara, el académico Hugo Galderisi, y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña. 

El único consejero que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, quien se opuso a la unificación de denuncias como precedente institucional. Quedó fuera del pase a Acusación una presentación más reciente contra Maraniello por demora en una habilitación de feria vinculada a un amparo de salud, que continuará en Disciplina.

Por otro lado, la comisión también rechazó el pedido de nulidad del sumario que enfrenta la jueza María Eugenia Capuchetti, cuestionada por su actuación en la causa del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. 

Capuchetti había solicitado anular todo lo actuado por no haber sido notificada de la investigación en su contra mediante el artículo 11 del reglamento. Sin embargo, la votación —que terminó empatada— fue definida por el voto doble de Grau en su rol de presidente, dejando firme el avance del sumario.

La reunión también dedicó amplio debate a la situación del juez civil Carlos Goggi, denunciado por declarar inconstitucional la ley 27.423 sobre honorarios profesionales de abogados. La controversia enfrentó a representantes de la abogacía y de la judicatura. Mientras la abogada Jimena Latorre pidió investigar si existía un patrón de conducta del juez, Lugones defendió la potestad jurisdiccional de los magistrados para declarar la inconstitucionalidad de normas si así lo consideran.

Finalmente, se resolvió citar al Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para que exponga su posición en defensa de la dignidad profesional e intereses colectivos del sector, y se solicitó a la Cámara Civil un relevamiento de los fallos en los que Goggi haya declarado la inconstitucionalidad de la ley, detallando si fueron confirmados o revocados y sus fundamentos. (NA)