Frente a la orden judicial que decretó que el gobierno de Javier Milei debe restablecer las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) que habían sido suspendidas, el gobierno de la Provincia de Buenos ratifica su compromiso de seguir promoviendo el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad.

La subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Bernarda Meglia, celebró la decisión judicial y destacó el valor de la acción articulada al afirmar que “la lucha colectiva sirve”.

En ese marco, subrayó que durante todo este proceso, la Provincia acompañó a las personas con discapacidad, a sus familias y a las instituciones que trabajan en la materia, brindando apoyo, asesoramiento y acompañamiento frente a las suspensiones dispuestas por el Gobierno Nacional.

La cartera a cargo de Andrés Larroque lleva a cabo esta tarea por intermedio de la Dirección de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, dirigida por Raúl Lucero. En ese marco, por mandato del gobernador Axel Kicillof, el Estado bonaerense reafirma su compromiso con la protección social y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, frente a políticas nacionales que profundizan la exclusión y la incertidumbre.

En el territorio bonaerense, de acuerdo con el Boletín Estadístico de la Seguridad Social de la Nación (septiembre 2025), la Provincia cuenta con 270.067 titulares de PNC. Según el relevamiento que está llevando adelante el Ministerio en articulación con las áreas municipales, al momento se registran 940 casos de suspensión en territorio bonaerense. En ese sentido, ante cualquier consulta o duda se encuentra disponible el correo electrónico: consultasdiscapacidadba@gmail.com.

De acuerdo al Informe Nº 144 presentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante la Cámara de Diputados de la Nación, los resultados de las auditorías realizadas hasta agosto de 2025 indican que fueron citadas 997.654 personas, 451.579 asistieron al turno, en tanto que 111.463 fueron suspendidas por “no asistencia” o “no poder ser notificadas” (según incisos f y g del Art. 9, Anexo I del Decreto 432/97). Se encuentran en proceso 418.374 auditorías.

La resolución judicial de alcance nacional que determina el restablecimiento de las PNC -término que no se ajusta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca y establece la validez de la medida cautelar previamente vigente en esa provincia. En consecuencia, se ordena a la ANDIS restituir todas las PNC por “invalidez laboral” que habían sido suspendidas en virtud del Decreto 843/2024.

Además se exige abonar los haberes retenidos a las personas afectadas, y al mismo tiempo la abstención tanto de continuar con las auditorías basadas en dicho decreto como de disponer nuevas suspensiones, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. La decisión judicial fue adoptada en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada por la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, junto con personas con discapacidad y la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM).

A esta causa se sumó la presentación efectuada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

También intervinieron en el caso la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI); la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA); la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.