La Procuración del Tesoro informó que sumó una docena de apoyos internacionales en la causa en la que se definirá la validez del fallo de la jueza Loretta Preska, quien ordenó que el pago de la sentencia de US$ 16.000 millones se cancele con acciones de la petrolera.

El subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalijá afirmó “el gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”.

En un comunicado de prensa, la Procuración señaló que “el gobierno de los Estados Unidos ha reiterado por tercera ocasión en un año su apoyo a la República Argentina a través de la presentación de un amicus curiae advirtiendo en sus argumentos que la postura de que no existe inmunidad de ejecución para los activos soberanos extraterritoriales es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”.

“Este apoyo se suma a las presentaciones anteriores que el Departamento de Justicia realizó en noviembre de 2024 bajo la administración Biden y en julio de 2025 bajo la presidencia de Donald Trump, apoyando la defensa argentina”, añadió el parte oficial.

La Procuración afirmó que “en el caso de Israel es la primera vez que ese gobierno se presenta como amicus curiae en una causa de esta naturaleza”.

El listado completo de presentaciones en apoyo incluye a: Estados Unidos, Israel, Italia, Francia (quien envió una carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania, Rumania, Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), Bank Policy Institute y American Bankers Association.

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo que obliga a la Republica Argentina a pagar US$ 16.000 millones más intereses por los eventos derivados de la expropiación de YPF.

La Procuración sostuvo que “el gobierno nacional continuará ejerciendo su derecho de defensa en este caso a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”.