Los trabajadores viales marcharán el próximo jueves al Congreso Nacional para reclamar que el Senado dé sanción definitiva al rechazo del DNU 461/2025 del Poder Ejecutivo, que dispuso el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, y que ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) que encabeza su secretaria general, Graciela Aleñá, realizó para ello una presentación escrita ante la Cámara alta, y anunció que el próximo jueves 21 marcharán al Parlamento para reclamar la sanción definitiva del rechazo, que dejaría sin efecto la disolución del organismo nacional.

El trabajo entregado al Senado advierte que “el deterioro del estado de servicio de las rutas nacionales representa un serio riesgo para la seguridad vial ya que es causa de accidentes y muertes de personas”.

De esta forma, para el gremio vial la disolución del organismo “pone en riesgo vidas, el desarrollo de las economías regionales y la conectividad, tanto entre las provincias como con el resto de los países integrantes del MERCOSUR”.

El documento del STVyARA asegura que el DNU se apoya en un informe del Ministerio de Transporte con “inexactitudes, datos falsos y apreciaciones subjetivas sin rigor ni fundamento técnico”, y además “carece de sustento fáctico, contiene datos falsos y refleja un profundo desconocimiento de la infraestructura vial del país”.

El sindicato sostiene que el informe que sustenta el DNU de cierre “omite casi 50 funciones críticas de mantenimiento, control, seguridad, gestión, construcción, señalamiento, desarrollo y relevamiento claves”.

Entre otras funciones que el Poder ejecutivo no toma en cuenta, se incluyen “el control de peso y dimensiones, el trabajo de cuadrillas y la evaluación de pavimentos que realiza la DNV con correlación directa con la salud de quienes transitan las rutas y caminos del país”.

El gremio estimó, además, que “para el Estado sería entre un 15% y un 50% más costosa la contratación de terceros para realizar estos trabajos” que hasta ahora hacía Vialidad.

Asimismo, denunció que “la retención de fondos del impuesto a los combustibles” durante 2024 y lo que va de 2025, sumado a “la desfinanciación presupuestaria, está acelerando el deterioro de las rutas, con impacto directo en la transitabilidad, la seguridad vial y las economías regionales”.

El decreto 461/2025 se encuentra frenado por una medida cautelar emanada del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, debido a que Vialidad fue creada a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma.

La suspensión judicial paraliza el cierre por seis meses a la espera de que la Justicia se expida de manera definitiva, por lo que los trabajadores de Vialidad Nacional intentan que el DNU quede sin efecto de manera definitiva al ser rechazado por el las dos cámaras del Congreso.