Con el caso de José Alperovich en la mira, quien cumple la pena por abuso sexual en un lujoso departamento de Puerto Madero, el diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley junto a su par Marilú Quiros para elevar de 70 a 75 años el umbral de edad para que la Justicia otorgue a personas condenadas el beneficio de la prisión domiciliaria.

La iniciativa modifica 24.660 de Ejecución de la Pena, y pone en discusión tanto el caso del ex gobernador de Tucumán como el de la ex presidenta Cristina Kirchner, aunque difícilmente si se convirtiera en ley la Justicia pueda revisar retroactivamente esas prisiones domiciliarias en particular, como la de cualquier otro preso de entre 70 y 75 años.

“Hay una marcada evolución de la esperanza de vida en la Argentina que fundamenta la modificación del articulado”, justificó Milman, quien puntualizó que "el promedio supera los 76 años, siendo considerablemente más alta en ciertos sectores socioeconómicos”.

El legislador bonaerense se basó en los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud que indican que "la esperanza de vida al nacer en el país es de 76,6 años para el total de la población, y que en zonas urbanas y especialmente en ciertos estratos sociales, la expectativa de vida supera los 80 años”.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal del 2021, la Justicia otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria al 58% de las personas condenadas mayores de 70 años sin un examen médico independiente.

"Esto da lugar a percepciones de impunidad, especialmente en casos de delitos de lesa humanidad y corrupción”, advirtió el diputado del PRO.

Milman puso como ejemplo de una indebida aplicación del beneficio del arresto domiciliario el caso de Alperovich, quien el pasado 13 de abril cumplió 70 años y producto de ello el juez Juan Ramos Padilla, quien lo había condenado a 16 años de prisión el año pasado, dispuso que dejara el penal de Ezeiza para continuar la pena en Puerto Madero, donde el ex mandatario tucumano tiene un departamento en una fastuosa torre con todas las comodidades.

A su entender, la decisión del magistrado careció de “una real evaluación de la necesidad del beneficio” y omitió el hecho de que fue otorgado "a un condenado que utilizaba el régimen de visitas higiénicas y/o intimas, según se informó a través de diversos medios de comunicación”.

“Con este proyecto no se busca restringir derechos humanos ni vulnerar garantías, sino actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales, priorizando un uso más criterioso, fundado y excepcional de la prisión domiciliaria", argumentó Milman. 

"Con un nuevo umbral de 75 años, preservaríamos el carácter excepcional del beneficio, evitando que sea utilizado por los condenados para eludir el cumplimiento efectivo de la pena”, remató. (NA)