Diputados nacionales de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica presentaron hoy un proyecto de resolución que propone un nuevo mecanismo para el nombramiento de las autoridades de la comisión investigadora del cripto escándalo Libra, con el objetivo de sacar de la parálisis a este órgano, cuyo funcionamiento viene siendo obstruido por el oficialismo desde abril pasado.

El problema que persiste semana tras semana es que no se está pudiendo modificar el empate rígido en 14 votos por cada bando: los 14 miembros de la oposición real proponen a Sabrina Selva (Unión por la Patria) para presidir el cuerpo, mientras que los 14 del oficialismo y sus adláteres postulan a Gabriel Bornoroni, con la paradoja de que el libertario había votado en contra de la creación misma de la comisión.

La segunda paradoja, aún más grave, es que el oficialismo propone a un oficialista para investigar a altos funcionarios del mismo oficialismo. 

Para salir de este punto muerto, una situación inercial que beneficia al Gobierno y que el oficialismo busca deliberadamente perpetuar, la oposición plantea en su proyecto que cuando haya empate en la votación de las autoridades, sea “designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputadas y diputados en la Honorable Cámara”.

En línea con esto, se plantea que “la vicepresidencia corresponderá al otro miembro propuesto para la presidencia, y la secretaría será asignada a un miembro propuesto por el conjunto de bloques o interbloques que hayan impulsado al presidente designado”.

Para el quórum, se requiere la mitad más uno de los miembros, en tanto que “la toma de decisiones” requiere de una “mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que la presente establezca expresamente una mayoría calificada”. 

Y “en caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del Presidente de la Comisión”.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados firmantes señalaron que desde "la creación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda denominada "$LIBRA", el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios". 

“Lejos de facilitar el cumplimiento de ese mandato, el oficialismo se ha dedicado a obstaculizar y obstruir el funcionamiento efectivo de la comisión”, afirmaron.

En este sentido, recordaron que para ampliar la cantidad de representantes en la comisión, el oficialismo y sus aliados manipularon artificialmente la composición cuantitativa de sus bloques de forma “oportunista”, ya sea fraccionando las bancadas o creando interbloques. 

Lo que omitieron mencionar es que de alguna manera Unión por la Patria convalidó ese proceder irregular emulando la misma maniobra: prestándole dos diputadas al Frente de Izquierda para que en conformidad con la fórmula matemática prevista en el proyecto de resolución a ese bloque le correspondiera un integrante adicional. 

“Producto de esta ingeniería parlamentaria oportunista, la comisión quedó integrada por 28 miembros, con una paridad de 14 diputados que promovían la investigación y 14 dispuestos a bloquearla. Este empate fue funcional al objetivo real del oficialismo: impedir que la comisión sesione y que se designen autoridades”, indicaron. 

En la reunión del 30 de abril, después de materializarse el empate en 14, “el oficialismo expresó la necesidad de concluir la reunión y tomar dos semanas para, a través de diálogos informales, arribar a algún consenso sobre las autoridades”. 

“Ese diálogo jamás existió, ni hubo voluntad política ni gestos concretos para permitir que la comisión funcionara y cumpliera su objeto”, sostuvieron. 

A raíz de este estancamiento, los bloques opositores buscaron llevar la votación de las autoridades de la comisión en el pleno del recinto, apelando a una interpretación reglamentaria bastante forzada.

Advertido de este estratagema, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró frenar la ofensiva en la última sesión, y con diplomacia acordó un cronograma de reuniones de la comisión.

Pese a que en el último encuentro, que a falta de presidente fue coordinado por el secretario parlamentario, Adrián Pagán, se pudo avanzar al menos en la citación de invitados a propuesta de cada bloque, sigue pendiente lo más trascendental que es definir su conducción.

La presidencia de la comisión establece las reglas del juego: maneja los tiempos, arbitra en las controversias, solicita oficios, dispone medidas y citaciones, y lo más importante, desempata votaciones igualadas.

Por eso, es determinante la batalla por quién conduce la comisión y a qué signo político pertenece.

“Este proyecto no se limita a una cuestión procedimental ni responde a una lógica de especulación política. Está en juego la capacidad del Congreso de ejercer su función de control ante hechos graves que involucran a las más altas autoridades del Poder Ejecutivo”, subrayaron los diputados opositores en los fundamentos del proyecto. 

“La Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad”, concluyeron. 

El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, Oscar Agost Carreño, Danya Tavela, Sabrina Selva, Mónica Frade, Paula Penacca, Nicolás Massot, Pablo Carro, Fernando Carbajal, Carolina Gaillard, Carla Carrizo y Julia Strada.