Mediante un decreto que lleva la firma del vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, se puso fin a la situación irregular por la cual el ex integrante de los grupos de tareas platenses de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Juan José Pomares (a) "Pipi" permanecía, aunque en la condición de "suspendido", en la planta de personal del Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde tenía un nombramiento como "asesor" del bloque del Frente para la Victoria; así lo cuenta en su edición dominical Miradas al Sur en investigación exclusiva de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal..

Pomares había accedido a ese puesto el 1° de junio de 2011 por decreto del entonces vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Senado provincial Federico Carlos Scarabino. Según la investigación realizada por las actuales autoridades del cuerpo, Pipi nunca cumplió las funciones para las que había sido designado. Como ya informó oportunamente Miradas al Sur, Pomares fue detenido el 26 de julio del año pasado por orden del titular del Juzgado Federal N° 3, Arnaldo Corazza, imputado como autor material en la causa que investiga el secuestro y asesinato a manos de la CNU del gremialista del Hipódromo y dirigente del Partido Justicialista platense Carlos Antonio Domínguez, perpetrado en febrero de 1976 por orden del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró.

Pomares también está acusado del secuestro de los militantes de la tendencia revolucionaria del peronismo Graciela Martini, Néstor Hugo Di Notto, Adelaida Barón y Daniel Pastorino, y el asesinato de los dos primeros, ocurridos en abril de 1976. Uno de los sobrevivientes de ese operativo identificó a Pipi Pomares y a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio como integrantes del grupo de tareas que los secuestró en la localidad de Villa Elisa. También identificó a Patricio Errecarte Pueyrredón como el hombre que se hizo presente en la casa operativa de la CNU mientras permanecían secuestrados y habló con ellos.

Asimismo, la investigación de Miradas al Sur ubica a Pomares en numerosas acciones de la banda parapolicial, que actuó al servicio del terrorismo de Estado entre 1974 y fines de abril de 1976, cuando fue desactivada por orden del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti.

Reciclado en el PJ. A pesar de estos notorios antecedentes criminales, en 1984, con el retorno de la democracia, Juan José Pomares se recicló dentro del Partido Justicialista platense, sin que a nadie parecieran importarles los delitos de lesa humanidad que había cometido mientras integraba la CNU. Ese año ingresó como empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de la mano de Herminio Iglesias. Posteriormente, revistó durante años como funcionario en el Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de La Plata.

Integró listas internas del justicialismo en varias oportunidades y fue elegido congresal provincial de ese partido en dos ocasiones.

Finalmente, llegó al Senado bonaerense durante la gestión en la presidencia interina de la Cámara de Federico Scarabino. Fuentes del justicialismo de la provincia de Buenos Aires coincidieron en señalar a los autores de esta investigación que el ingreso de Pomares en la Cámara alta se debió a gestiones realizadas por el ex senador Juan José Amondarain.

Pipi no alcanzó a ocupar efectivamente su puesto, ya que fue detenido por orden de Corazza poco después de recibir su nombramiento. Hoy está en el penal de Marcos Paz a la espera de ser juzgado por sus crímenes. Debido a su detención -y al tomar estado público su participación en el terrorismo de Estado a través de la investigación de Miradas al Sur-, el Senado lo suspendió de sus funciones el 9 de agosto de 2011, aunque no lo separó definitivamente de su cargo.

Ahora, el decreto firmado por Mariotto puso fin a esta situación. En los considerandos del decreto, además de señalar las cuestiones administrativas (fundamentalmente el no cumplimiento de sus funciones) que justifican el cese definitivo de Pomares como personal del Senado, se señala: "(…) Es necesario tener en cuenta el artículo 3° de la Ley 10.430, el cual enumera taxativamente las causas que imposibilitan el ingreso a la Administración, cuyo inciso b) establece que no podrá ingresar a la Administración quien '… tenga proceso penal pendiente o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso de naturaleza infame, salvo rehabilitación, y el que haya sido condenado en causa criminal por genocidio o crímenes de lesa humanidad o favorecido por las leyes de Obediencia debida o Punto final'", por lo que "de lo informado por el señor juez de la causa que deriva en el procesamiento y detención del Sr. Pomares, se concluye que el agente se encuentra comprendido en la causal de imposibilidad de ingreso por tener causa penal pendiente".

Como la detención le impidió a Pomares ocupar efectivamente su cargo el mínimo de seis meses que establece la ley para que el nombramiento tenga carácter definitivo, el decreto que lo cesa en sus funciones está en un todo de acuerdo con la legislación vigente.